CARTA ABIERTA
LIC. ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER
GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.
Señor Gobernador:
A principios del mes de octubre de 1998, el Congreso del Estado de Baja California decidió, en forma libre y soberana, darle un voto de confianza al designarle como Gobernador Sustituto, ante el lamentable deceso de Don Héctor Terán.
Han pasado casi 16 meses desde que el Grupo Parlamentario del PRI, asumió su responsabilidad institucional y se pronunció por apoyarle, considerando que debían ser plenamente respetadas la Constitución del Estado y la voluntad ciudadana que en su momento se manifestó a favor del partido político al cual Usted pertenece.
En ese momento fuimos claros. Dijimos a la sociedad que los priístas no dábamos una carta blanca, sino una base política de entendimiento con el objeto de buscar el beneficio de los bajacalifomianos; y le ofrecimos lo mismo que exigimos: responsabilidad, respeto, compromiso y visión de Estado para lograr que en Baja California imperara la justicia social, el desarrollo armónico, la seguridad pública y la gobemabilidad democrática.
Sin embargo, hemos visto con desencanto, cómo lo que parecía una firme esperanza de contar con un Gobierno que construyera puentes y acuerdos, con los actores políticos y sociales, en busca de solucionar la compleja problemática de la entidad, no ha podido responder a los reclamos más sentidos de la ciudadanía. Pero no sólo eso, sino que se han generado nuevos problemas y agudizado los existentes.
Actualmente, en Baja California hay evidencias innegables del crecimiento de la inseguridad pública, la impunidad y corrupción. Más de 600 homicidios, y decenas de secuestros en 1999, 50,000 adictos a las drogas y más de 1,000 picaderos tan sólo en Tijuana, y la hasta ahora inexplicable liberación de unos secuestradores, son hechos que revelan serias fracturas del Estado de Derecho y grave deterioro del tejido social.
Por si esto no fuera suficiente, existe una abierta confrontación entre su Gobierno y algunos actores políticos, económicos y sociales; es notoria la falta de coordinación con dependencias federales e incluso con algunas autoridades municipales; y lo más grave, la ciudadanía empieza a sentir que no existe certidumbre en el rumbo y a preguntarse si el gobierno realmente gobierna.
Hoy Baja California ocupa el penosísimo primer lugar de peligrosidad en el país, con un 0.097% de posibilidades de morir de manera violenta por habitante. Es decir por cada mil habitantes, uno morirá violentamente, índice por encima del que registran Sinaloa y el Distrito Federal, de acuerdo a un informe del Gobierno de Estados Unidos.
Por ello, en uso de mis facultades republicanas; y considerando como un deber el contribuir a que en el Estado existan condiciones óptimas de gobemabilidad, le solicito, con el debido respeto a su investidura, Señor Gobernador, a,cepte Usted someter a un plebiscito ciudadano las acciones de su administración en materia de seguridad pública,
Tijuana B.C., a 25 de Enero de 2000.
de desarrollo social, de desarrollo económico, de desarrollo educativo y su capacidad política para gobernar.
El Plebiscito debe verse como un ejercicio republicano, a través del cual la sociedad Bajacalifomiana exprese la forma en que percibe a su Gobierno y determine la orientación de las acciones del Estado, en momentos en que su administración ha roto los puentes de entendimiento con la mayoría de los actores políticos, sociales y económicos, y ha incumplido los acuerdos para reformar y modernizar la estructura de las instituciones públicas.
Lo que está en juego, Señor Gobernador, no es su estancia en el poder. Lo que está en juego es la gobemabilidad y el rumbo de Baja California como un Estado democrático, donde impere el estado de derecho y la justicia social; donde quienes tenemos una responsabilidad pública seamos capaces de construir, junto con la sociedad, un modelo de vida social en el que los ciudadanos se sientan seguros y protegidos. Es éste el verdadero objetivo y sentido de esta respetuosa solicitud.
El dilema central, Señor Gobernador, consiste en la viabilidad gubernativa, en la existencia de condiciones para que las instituciones y la ley puedan seguir dirimiendo los conflictos entre particulares y haciendo valer el Estado de Derecho.
Considerando que aún no existe una ley reglamentaria de lo dispuesto en la Constitución en materia de plebiscito, le propongo que el instrumento regulador de esta consulta a la sociedad, puede ser la Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, enviada al Congreso del Estado por el Ejecutivo a su cargo, una vez que adquiera el carácter de mandato.
Por ello, le manifiesto que observo disposición del Grupo Parlamentario del PRI, de apoyar en lo general la iniciativa de ley presentada por su Gobierno, dejando para la discusión las particularidades de la misma, sobre todo en lo relativo a una mayor participación de la sociedad en las decisiones y los asuntos públicos.
Los bajacalifomianos requerimos de un gobierno estatal fuerte, con capacidad de interlocución y diálogo con todos los actores políticos; un Ejecutivo con una permanente actitud de diálogo con todos los sectores sociales; un Ejecutivo atento y sensible a las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad; y que encuentre mecanismos idóneos para coordinarse permanentemente con los Poderes Legislativo y Judicial, los municipios y la Federación.
En suma, un Gobierno que dé plena confianza y certidumbre a los ciudadanos de que se avanza en el rumbo correcto y conforme al mandato conferido por la sociedad, es decir, que demuestre capacidad para mantener la unidad y la cohesión de toda la sociedad Bajacalifomiana.
En espera de una respuesta a la presente y de que Baja California recupere la certidumbre y la esperanza, me despido de Usted.
Atentamente
Dip. Jaime Cleofas Martínez Veloz Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional