10 / del 31 de octubre al 6 de noviembre de 1997
FORO
Rogelio Lavenant Sifuentes
Dónde está Montoya Obeso?
*	Ofrecen lotes a “montofrstas’ que quieren invadir
*	Operativo para desalojarlos mediante negociación
*	Sandoval Franco les anunció la propuesta oficial
TIJUANA.-¿Dónde está Ricardo Montoya Obeso?, se preguntan funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, deseosos de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra.
Suponen que de no haber sido porque anda libre, no tendrían que enfrentar la amenaza de invasión por parte de decenas de “montoyistas” que, desde el pasado día martes 21 del mes en curso, se encuentran “acampando” en la rampa poniente del fraccionamiento “El Lago”, frente al Parque Estatal Morelos.
Tampoco estarían comisionados “más de 300 policías municipales y judiciales estatales” y, en el último de los casos, ni siquiera se verían en la necesidad de inventar “negociaciones” para persuadirlos de su idea inicial, alentados por Ricardo Montoya Obeso, quien insiste en que “el gobierno del estado protege a los Múzquiz”.
Con toda anticipación a la llegada de los frustrados “invasores", quienes realizaron marcha de protesta desde la bajada del Cetys hasta la rampa poniente de El Lago, sobre la avenida Grandes Lagos, patrullas municipales y estatales acordonaron la zona, bloqueando el tránsito vehicular y causando así molestias a los residentes de Torres de El Lago, El Lago, Ampliación Guaycura y anexas.
Algunos de los “montoyistas" habían logrado introducirse a los predios que conforman una superficie de 422 hectáre
Sil
as que funcionarios del Gobierno del Estado asegura que son de tres dueños: familiar Salazar, familia Reynoso y Felipe Múzquiz.
Los invasores fueron desalojados pacíficamente —como algunos de ellos mismos lo declararon a FORO—, pero optaron por hacer un “plantón” en los linderos que llegan hasta la rampa poniente del fraccionamiento El Lago, donde improvisaron sus “tiendas de campaña” con cartones, barrotes, lazos y mantas.
Casi a la intemperie durmieron —y puede que sigan durmiendo—, con sus pequeños hijos y personas ya maduras, algunas en plena senectud, sin tener facilidades para preparar sus alimentos, asearse y satisfacer sus más elementales necesidades fisiológicas.
Se resistían —y se resisten aún— a dejar su movimiento, argumentando que carecen de recursos para adquirir una vivienda y porque “esos terrenos no son de particulares, sino patrimonio nacional”. Creen merecer la simpatía de la comunidad, pero en tribunas radiofónicas y declaraciones a la prensa, tijuanenses con arraigo han deplorado la actitud de estos “invasores".
Coinciden en señalar, quienes opinan en contra de las invasiones, que ni siquiera quienes han nacido en Tijuana se dedican a invadir predios para tener dónde vivir, y que “con muchos sacrificios compran un lotecito, construyen su casita y hacen vida, sin afectar a los demás ni esperar
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que el gobierno les regale nada”.
Sin embargo, a más de 24 horas de haberse instalado en “plantón", los aspirantes a invasores, recibieron el ofrecimiento del Gobierno del Estado, por conducto del Coordinador de Justicia Lie. Jesús Alberto Sandoval Franco, de “traerles aquí a más de 100 promotores sociales que los llevarán a escoger un lote en otros terrenos y, sin necesidad de previos estudios socioeconómicos o investigaciones para saber si tienen o no lotes en otros fraccionamientos, firmar contratos de compraventa con muchas facilidades”.
Esto sucedió al mediodía del miércoles 29 de octubre en curso, cuando el funcionario arribó al lugar donde están “acampados" los “invasores”, a quienes les llevó —en menos del tiempo prometido—, “los resultados de la investigación para determinar de quién son las 422 hectáreas que quieren invadir, y que no son del Gobierno Federal, como erróneamente les han dicho”.
En principio hubo resistencia para escucharlo, pero luego mostraron interés en “negociar" las mujeres, aún en contra de algunos presuntos “líderes" —en ausencia de Ricardo Montoya Obeso—, que querían evitar que el licenciado Sandoval Franco “les lave el cerebro”.
El Coordinador de Justicia, acompañado del licenciado Ramón Angüis, agente del Ministerio Público del Fuero Común —a quien acusaron de actuar burlonamentc con los “invasores" y en particular con las mujeres—, se apersonó primero con una parte de las personas en “plantón”, sobre la rampa, y luego hizo lo mismo con los restantes que, al pié de la vía de acceso, protestaban porque los policías no les permitían ingresar al sitio donde se
encontraban sus familiares.
“Salimos a buscar comida y nos dejaron salir, pero al regreso no nos permitieron entrar", dijeron en tono molesto. Recriminaron que “a una mujer embarazada la jalonearon y la agredieron cuando quiso traspasar el acordonamiento”. El Lie. Sandoval Franco se concretó a decirles que “todo abuso debe ser denunciado para que se integre la averiguación previa ante el Ministerio Público, pero recuerden que la policía tiene instrucciones precisas de no dejar que crezca numéricamente el grupo”.
Según dijo, el objetivo es que “la oferta que el gobierno les hace, sea solamente para quienes están aquí, y no para otras gentes que se están enterando del movimiento, por las noticias de los medios de difusión. No debe mal interpretarse este esfuerzo de negociación”.
Aparentemente el mensaje fue asimilado por los “invasores” que, inquietos y hasta confusos, esperaban la llegada de “los más de 100 promotores sociales" que los llevarían a conocer los predios que el Gobierno del Estado les vendería con facilidades.
Todavía en la tarde del jueves (30 de octubre), seguían aposentados en el mismo lugar, bloqueada la rampa poniente de El Lago y acordonada por “los más de 300 policías" con patrullas tipo “pick up" y autos, incluyendo a elementos de la Policía Judicial del Estado.
Y, ¿dónde andará Ricardo Montoya Obeso?, se preguntan.
Hay una orden de aprehensión en su contra, por acciones cometidas en el mes de junio pasado, cuando encabezó a invasores de las 422 hectáreas, las mismas que ahora querían invadir sus seguidores.