Foro
del 8 al 14 de agosto de 1997 / 7
Abuso de autoridad y Daño en Propiedad Ajena Intencional
Denuncia Penal contra Hugo Torres
PLAYAS DE ROSARITO. BC. (FORO).-Por la presuma comisión de los delitos de abuso de autoridad y daños en propiedad ajena intencional fue denunciado penalmente el presidente del Concejo Municipal, Hugo Torres Chaubert, cuyo caso quedó asentado bajo el acta 000927/97.
Presentado ante el Ministerio Público de Playas de Rosarito, Agencia receptora 207, la querella la suscribe Edna Soledad Serrano de la Vara, en su carácter de apoderada legal de la señora María Luisa Ledezma Fernández, argumenta que Torres Chaubert violentó los artículos 227, 292, 293 Fracción II y 294, del Código Penal en perjuicio del negocio de su representada, denominado “Peanuts and Beer”, ubicado en la esquina de Coronado y Eucalipto no. 10102 de la zona centro de Playas de Rosarito, B.C.
La denuncia, cuya copia obra en poder de FORO, relata los hechos que presuntamente son constitutivos de delito:
-El 10 de junio de 1997 sin existir motivo alguno el Concejo Municipal de Playas de Rosarito realizaron actos de clausura y estampamiento de sello contra el negocio
Prórroga de 15 días para revalidar permisos para bebidas alcohólicas en Rosarito
PLAYAS DE ROSARITO, B.C.-(FORO).-Sesenliseis de los 262 permisos para el Almacenaje y Venta de Bebidas con Graduación Alcohólica, siguen pendientes de revalidación. y están en riesgo de ser cancelados en un plazo de quince días.
Hasta el 31 de julio pasado, fecha en que feneció el plazo oficial para que los permi-sionarios acudieran a revalidar sus documentos, solamente 196 permisos cumplieron con los requisitos, en un marco estricto de las autoridades municipales de Playas de Rosarito.
A los pendientes —de acuerdo con un comunicado de prensa enviado por fax a la redacción de FORO en Tijuana—, les será concedida una prórroga final de quince días, sin perjuicio de aplicarles multa por extemporáneos.
En el mismo boletín, cita que Karla Casillas Muñoz, subjefa de la dependencia previamente mencionada, indica que “...de los 66 permisos pendientes por revalidar, 15 lugares ya no se encuentran operando, 6 solicitaron su cambio al Municipio de Tijuana, 4 pertenecen a Tijuana por su ubicación y estaban registrados en este municipio, y 6 más están en convenios para regularizar su cambio de propietario o de domicilio..."
También hace hincapié en que “...aparte de los 31 permisos mencionados en el párrafo anterior, aún quedan 35 que está en vigor y que los propietarios no han realizado el trámite requerido; por ello, el Departamento de Alcoholes girará un oficio para que se presenten a revalidar el permiso en un lapso de 15 días, pagando su multa correspondiente y, de no ser así, el permiso quedará cancelado..-."
Aunque no proporcionó documentos que así lo comprueben, Comunicación Social del Concejo Municipal de Playas de Rosarito, informó que el monto que los permisiona-rios cubrieron fue el mismo que el pagado el año pasado y fluctuó entre los 500 y 3,000 pesos.
“Un total de 23 agencias, subagencias, depósitos, una bodega y tres supermercados cumplieron al 100 por ciento con los requisitos para la revalidación en el plazo establecido con mucha anticipación.
Algunos bares turísticos, billares, cabarctes, expendios, licorerías, loncherías, mercados y tiendas de autoservicio, restaurantes, restaurantes-bar y tiendas de abarrotes, están pendientes de revalidar su permiso para la venta y almacenaje de bebidas con graduación alcohólica; y una vez más se les pide que acudan a cumplir con este requisito en un tiempo no mayor de 15 días o de lo contrario su permiso se cancelará .
mencionado.
Por motivo de dichi acto arbitrario Ledezma Fernández recurrió a Juicio de la Unidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en csya ciudad, habiéndose radicado el juicio de nulidad bajo el expediente 68/997 en el cual se concedió la suspensión solicitada, para el efecto de que las autoridades municipales retiraran los sellos de clausura.
La resolución del magistrado del Tribunal se dictó c! 18 de junio de 1997, mismo que fue notificado a las autoridades responsables el día 20 del mes de junio.
Posteriormente y por orden del Tribunal se quitaron los sellos de clausura del negocio antes mencionado propiedad de la ofendida habiéndose causado perjuicios por dicha clausura por un lapso de diez días, del 10 al 20 de junio pasado.
No obstante el juicio de nulidad señalado, el 27 de junio se presentaron aproximadamente a las 14:30 horas y con lujo de violencia sellaron nuevamente la negociación, instalando nuevamente sellos de clausura en todas partes, así como instalando listón de seguridad en el mismo, conductas de
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todo antisocial por parte de las autoridades.
Señalan que la clausura se dió “sin haner dejado ninguna constancia de la diligencia o acto administrativo que se supone realizaron, a pesar de que había empleados en la negociación”.
Ese mismo día 27 encargados del negocio comparecieron ante la presencia de reglamentos, secretaría del Consejo y otras dependencias del referido Concejo Municipal de Playas de Rosarito, a fin de que entregaran la documentación y actas que motivaron el acto de clausura habiendo manifestado que no tenían las mismas y se negaron a entregarlas.
La autoridad incurre en violación a los artículos mencionados en el Código Penal, porque los actos realizados los días 10 y 27 del mismo mes no están ajustados a derecho, mucho menos se legitiman dentro de las formalidades que deben revestir los actos de autoridad y dejan en total estado de indefensión a los afectados, ya que des
conoce los motivos de la clausura.
Agregan que los actos promovidos por Torres Chabert “han causado daños y per-juicios, ya que estamos dejando de produ- t'lS cir la venta de su negocio siendo esta la -'v -5 temporada alta de turismo en dicha región y se le ha estado perjudicando la imagen de ; la negociación, imputando hechos lalsos y ny provocando la desconfianza del turismo t-.-.? para ingresar a consumir a dicho estableci- ¿ : miento legalmente autorizado por las auto- ■ ridades competentes”.
El denunciante ofreció como pruebas los testimonios de Enrique Chávcz López, L Francisco Barrera Nava, Alcjandr Banut, y Pascual Galván.
También la documental pública consis- ■ lente en la demanda de juicio de nulidad . a del expediente 68/997, la copia del ampa- E.- , j ro, la diligencia de levantamiento de sellos el 20 de junio y una inspección gLi ministerial que se lleve a cabo en el esta-blecimicnto.